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La confusión es también considerable entre “desigualdad” y “discriminación”. La socialdemocracia tiene parte de culpa: desde la Segunda Guerra Mundial, la universalización de los distintos programas del Estado de Bienestar ha conducido a “no discriminar” entre beneficiarios, pero a costa de redistribuir menos, financiando también a los ricos. ¿Por qué razón igualitaria jubilados adinerados habrían de recibir pensiones no-contributivas? ¿Por qué razón los ricos debieran percibir una “renta mínima universal” en vez de depender esta de las condiciones económicas de las personas?
Existen sin duda argumentos poderosos a favor del “universalismo” de las políticas de bienestar. Pienso que ello sucede en particular con la sanidad y la educación públicas, que se convierten así en la sanidad y la educación de todos. Pero además ha existido una competición electoral por el voto de las clases medias ofreciéndoles beneficios sociales. Y el universalismo evita tensiones sociales y políticas, sin que las políticas sociales se conviertan en un juego de suma cero. En tiempos atribulados como los actuales, es necesario reconsiderar con mucho más cuidado desigualdad, pobreza y discriminación social, y cómo remediarlas