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Las últimas semanas han estado marcadas por algunos hechos que nos obligan a meditar. Uno de ellos, es la controversia suscitada, entre el Ministro del Interior y el Poder Judicial, en la cual el personero de Gobierno, a pesar de sus explicaciones, ha sobrepasado los límites de la separación de poderes, generando un conflicto muy propio de las democracias débiles y de gobiernos autoritarios.
El segundo se refiere al lenguaje de algunos dirigentes del mundo empresarial, como los presidentes de la SOFOFA y de la CPC, quienes asumen un rol de co-gobierno con el Ejecutivo, señalando que no comprarán a través de los impuestos la Paz Social y que ellos tienen que saber en que se gastará la plata para aprobar o desaprobar un alza de impuestos.
Esto establece con claridad lo que ya ha sido dicho muchas veces: la política nacional (y también la internacional) está dirigida o al menos coaccionada por las grandes empresas, que a la hora de la verdad detentan casi todo el poder. Más todavía, cuando Chile tiene un gobierno de claro sello empresarial y tecnocrático. Por ultimo a pesar de las apariencias, que hacen vislumbrar algunos cambios ineludibles, está clara la persistencia del gobierno y de los partidos políticos de aferrarse al modelo económico.
Estamos frente a dos concepciones absolutamente antagónicas, al menos en el actual modelo imperante en Chile. Hay una lucha entre una concepción de democracia y de desarrollo, en que se confrontan una democracia para el más ser de las personas y la sociedad y la concepción del más tener, como primera condición irrenunciable del empresariado.
La sociedad debe buscar el más ser. Es decir, más democracia, más dignidad de la persona, más libertades, más derechos satisfechos. En esto debe estar el equilibrio entre el más ser y el más tener. Pero en Chile impera la concepción del más tener a través del crecimiento económico, sin que hayan importado mayormente hasta ahora, las enormes desigualdades imperantes.
El esquema anterior nos señala las inmensas dificultades en que se encuentran la generación joven y los políticos más concientes. No se le puede pedir a esta generación que vuele hacia al pasado para sostener principios que hoy no sólo están superados, sino que no responden a las aspiraciones más auténticamente democráticas. La acción política reivindicatoria se dirige a superar las distintas formas anti-democráticas, que se generan en la alianza opresiva y que se manifiesta en la complicidad entre el poder económico y elpolítico.
El funcionamiento de las grandes empresas, la deshonesta organización financiera que permite situaciones como las de las empresas del retail, las isapres, los fondos de pensiones y oras, nos llevan a entender que hoy en día la justicia y los derechos son transgredidos, que derivan en violaciones de derechos individuales y sociales.
La lucha no es sólo por la educación, sino fundamentalmente por una nueva democracia, donde la educación y otros derechos sean verdaderamente posibles. El gran movimiento ciudadano que encabezan los jóvenes no puede terminar. Sólo se acabaría si se acaban el entusiasmo y la esperanza, lo que no se condice con la condición de ser jóvenes. Hay un nuevo pensamiento en marcha que desarrolla nuevas acciones, a pesar de las resistencias de los grupos de interés que se manifiestan en las declaraciones empresariales y la de los grupos políticos, que no quieren aceptar los cambios que reclama la dignidad de la democracia y de las personas.
Se han abierto esperanzas con el diálogo iniciado entre los partidos políticos de la Concertación y de la Izquierda, con los movimientos estudiantiles. Esto debiera llegar a una convergencia política que permita proponer una construcción colectiva y plural, no sólo de un nuevo proyecto educativo, sino de una nueva democracia.
El contexto internacional y la propia situación interna del país nos desafía a incluir la democracia social, que ha sido extrapolada durante muchos años. Quizás fue el miedo a la demanda democrática de la ciudadanía el que durante toda la transición imposibilitó reducciones más eficaces sobre las desigualdades, como hoy se manifiesta a través de la Educación.
Las desigualdades aludidas o la exclusión de una democracia auténticamente social son generadas por el modelo económico existente y por el modelo político que lo hace posible. En esta perspectiva, el mundo del trabajo no contribuye a la emancipación de las personas, sino que, por el contrario, en un modelo socialmente injusto se ha convertido en una especie de servidumbre. En este esquema se produce un cierto envilecimiento de la sociedad, ya que sus miembros son puestos por el sistema político y económico al servicio de la rentabilidad de las empresas.
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