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OPINIÓN
Democracia y dignidad Humana
Sobre una extraña asociación entre la "perrera" y la democracia
6 marzo, 2005
Con sumo interés he leído un artículo publicado en la sección de opinión del diario La Nación del domingo 27 de febrero del presente año, titulado "Las perreras de la democracia", el cual aparece suscrito por mi colega y magistrado suplente de la Sala Constitucional Dr. Fabián Volio Echeverría.
En dicho artículo se establece una extraña asociación entre la "perrera", palabra esta que, según el diccionario de la Academia denota "el lugar o sitio donde se guardan o encierran los perros" y la democracia, que es una forma de gobierno que se debe caracterizar, ante todo, por el respeto a la dignidad humana, entendida como valor fundamental, incondicionado e irrestricto.
Cualquiera que haya tenido contacto con la realidad carcelaria en general y muy especialmente con la de nuestro país, debe convenir en que esta realidad es del todo inconciliable con el respeto a la dignidad humana.
La situación de hacinamiento en que viven los presos, los vejámenes a los que están expuestos, las restricciones de sus derechos fundamentales impuestas muchas veces por simples disposiciones administrativas, la forma en que estos son transportados y "requisados" y tantas otras cosas más, lesionan la esencia misma de un gobierno "de los seres humanos, por los seres humanos y para los seres humanos".
Realidad carcelaria. Esta realidad carcelaria -de la que forma parte la manera en que son trasladados los privados de libertad- y contrariamente a lo que se afirma en el artículo de referencia, sí debe ser motivo de vergüenza, sin importar quién resulte afectado.
La idea de una "perrera" para seres humanos se halla, por añadidura, más cercana a los ideales totalitarios que a los democráticos.
En efecto, el pensamiento democrático-liberal se inspira en la idea de que el Estado debe existir por mor del hombre y no a la inversa, así como en que la dignidad del ser humano es inviolable.
Cualquier derecho, incluso los fundamentales, puede encontrar limitaciones razonables, pero la dignidad de las personas debe ser considerada como algo intangible. En la medida en que este postulado se pierda, se resquebraja la base de legitimación sobre la que descansa el sistema de gobierno.
El poder público, en todas sus manifestaciones está obligado (no se trata de una graciosa concesión, sino de un deber fundamental), a respetar y proteger la dignidad humana. No en vano el postulado kantiano del respeto a cada ser humano considerado como un fin en sí mismo continúa, según mi criterio, teniendo plena vigencia.