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El denominado "informe Rattenbach", cuyo contenido la presidenta Cristina Kirchner ordenó desclasificar ayer, es el trabajo realizado por una comisión especial creada por el último gobierno militar que analizó el desempeño de las conducciones de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas.
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La historia del Informe Rattenbach es tan controvertida como su destino.
Fue uno de los tantos intentos de la dictadura en desbandada por limpiar un pasado de siete años que incluía crímenes atroces desatados por el terrorismo de Estado y esa guerra perdida contra Gran Bretaña.
Encomendaron la misión a Rattenbach, que presidió la comisión investigadora, no sólo por su condición de oficial más antiguo, sino por lo que simbolizaba: una honestidad a prueba de balas. El viejo general tenía 84 años cuando encaró la tarea de desentrañar Malvinas, estaba convencido de dos cosas: hurgar hasta el hueso y hacerlo rápido. “Mi padre quería dar cuanto antes una explicación al país y una justificación de lo que había ocurrido. En cambio, otros trataron de prolongar la vigencia de la comisión”, reveló a Clarín en 2007 el hijo del general, el coronel Augusto Rattenbach.
El resultado del trabajo de la Comisión Rattenbach fue lapidario. Encontró responsabilidades gravísimas en los tres miembros de la Junta Militar que desataron el conflicto (Leopoldo Galtieri, Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo) y en otros altos oficiales a los que hizo graves acusaciones “en lo penal militar” que, en tiempos de guerra y bajo el Código de Justicia Militar entonces vigente, implicaban poco menos que una condena a muerte. Entre esos oficiales, y por haber rendido las Islas Georgias sin combatir y sin disparar un solo tiro, estaban los capitanes de Corbeta Luis Carlos Lagos y Alfredo Astiz.
Una versión apócrifa de ese informe se filtró a los medios meses después, y es la única que se conoció como legítima. Rattenbach, que antes de su muerte en 1984, debió declarar ante un tribunal de honor, pidió entonces la copia de su informe, que había entregado al Ejército. Allí notó que había habido cambios. No figuraban ninguna de las responsabilidades “en lo penal militar” y se había eliminado toda referencia a la rendición sin combatir en las Georgias. A casi treinta años de aquel informe, la verdad parece haberse diluido, como en un manto de neblina.
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