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En nuestra democracia representativa, lejos de ser cuasi perfecta siquiera, 350 cargos son electos para determinar cuatro años de futuro en nuestro país.
Desde la Transición, nuestra nación ha estado sumida en un escenario bipartidista en donde para conseguir el poder tenías únicamente tres alternativas: tener una mayoría absoluta y hacer en el Parlamento lo que te viniese en gana, o bien pactar con fuerzas regionalistas y hacer lo que te viniese en gana mimando a dichas regiones. La última alternativa era un gran pacto donde PP y PSOE acordaban el gobierno de turno.
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¿Democracia consolidada?
La sensación, real o imaginada, de que la corrupción en España va en aumento, con tantos alcaldes investigados y acusados por la Fiscalía Anticorrupción (los últimos en Estepona y Seseña) y los casos de corrupción policial (en Coslada, El Molar y San Agustín de Guadalix), mientras la economía se acerca a una recesión, está minando seriamente la poca fe que parece que los españoles mantienen en sus políticos. Ojala que el titulo de un dibujo del siempre brillante e irónico El Roto fuera cierto, "la crisis inmobiliaria está poniendo en peligro la corrupción municipal".
A juzgar por los comentarios del bar donde desayuno desde hace 20 años, todos los políticos son ladrones. Es una lástima, pero creo que ninguno de mis compañeros de barra van a leer el magnifico segundo volumen de la pentalogía España Siglo XXI que aborda un análisis de la realidad política española de los últimos 30 años (dediqué esta columna el 13 de junio al primer volumen, sobre la sociedad). Lástima, porque, a pesar de todas las críticas que se pueda hacer al sistema político creado después de la muerte del Generalísimo, como bien dice Fernando Vallespín, uno de los editores de este volumen, “no ha habido un periodo comparable al que tiene como su punto de partida nuestro tránsito hacia la democracia". Así que no hay que perder la perspectiva.
El volumen sobre la política (Biblioteca Nueva), editado por Vallespín y Manuel Jiménez de Parga y bajo la dirección de Salustiano del Campo y José Felix Tezanos, tiene dos vertientes. La primera es el marco jurídico-político, puesto que España cuenta con una Constitución moderna, aprobada en 1978 por un amplio consenso. La segunda es la sociológica que permite ofrecer una imagen detallada y precisa de la realidad política española, aunque no corresponde a la percepción de mis compañeros de bar. Ellos seguramente quedarían tremendamente sorprendidos si lo leyeran por el hecho que España se encuentre entre las democracias más avanzadas en las variadas escogidas por Freedom House como, por poner otro ejemplo, en el primer análisis del índice de la democracia de la Intelligence Unit del prestigioso semanario The Economist. En su estudio correspondiente al año 2006 (un pequeño detalle: Vallespín dice incorrectamente 2007) España figura en el lugar 16 de un ranking de democracias del mundo (justo por encima de Estados Unidos) y dentro de aquellos que se subsumen bajo la rúbrica de "democracias plenas".
Como se ha dicho tantas veces, la sociedad española ya estaba preparada para el cambio hacia un sistema democrático. Solo faltaba que una hábil elite política facilitara esta tarea con responsabilidad y sentido de la Historia. Esta elite (la de los años de la transición) cumplió su papel y creó un sistema político estable. Merece la pena recordar, de vez en cuando, que entre 1931 y mayo de 1936 hubo en España 17 Gobiernos, cuyo promedio de duración fue de 101 días, y desde la Constitución de 1978, hemos tenido uno cada tres años y medio.
En su capitulo Pablo Oñate Rubalcaba nos dice que la participación electoral se ha mantenido estable entre el 70 y el 80%, la fragmentación del sistema de partidos (dejando de lado las especificidades territoriales que obligan a hablar de diversas arenas electorales) no se ha visto incrementada en estos 30 años; más bien al contrario, y la volatilidad electoral tampoco ha aumentado, manteniéndose el índice de volatilidad total en el entorno de los 10 puntos. El índice mide el cambio electoral neto agregado entre dos elecciones consecutivas en el sistema de partidos, partiendo de las variaciones de los resultados de cada una de las formaciones políticas. Los españoles creen que los partidos han cumplido con su papel de defender los intereses de los distintos grupos sociales y gracias a ello pueden participar en la vida política, pero "perciben a los partidos políticos como entidades ajenas, con las que no se sienten vinculados y de las que recelan y desconfían". En parte esto se debe al sistema electoral de listas cerradas, donde el elector no vota a una persona sino a una lista de personas presentada por cada partido. El diputado está totalmente desvinculado de sus votantes ya que a quien tiene que agradecer su cargo es a su partido y no a los electores.
Uno de los capítulos más interesantes es el de Joan Subirats sobre las Comunidades Autónomas y si han servido para algo. Dice el autor que "a pesar de que bastante más de una tercera parte del gasto público del país esté en manos de las Comunidades Autónomas, y que los Parlamentos autonómicos hayan aprobado miles de leyes y sus Gobiernos dirijan aspectos clave de la vida de los españoles, todo parece aún provisional y poco consolida". Precisamente, el único de los grandes conflictos seculares de España que aún pervive es el de la organización territorial del Estado. Y habrá que añadir otro problema– la politización del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.