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Sin duda, una de las interpretaciones dominantes de la crisis económica ha sido la que apunta hacia la colonización de la política por la economía y el consiguiente secuestro de la democracia por una tecnocracia más interesada en mantener los privilegios de las clases acomodadas que en trabajar en beneficio del interés general. De ahí el éxito que experimenta el clásico argumento populista según el cual el poder ha de ser recuperado para el pueblo y ejercido en su favor. Es premisa subyacente de esta promesa que la política, entendida como actividad colectiva concertada que tiene su mayor exponente en el ejercicio del poder por parte del Estado, habría evitado la crisis o procurado una más fácil salida de la misma si hubiese podido actuar libremente. Dicho de otro modo, si la política no puede, es porque no la dejan; y pasaría a poder en caso de que la dejaran desenvolverse rectamente.
Es una idea que venimos oyendo de manera reiterada en estos tiempos de crisis económica y contestación social, en la que son muchos los ciudadanos que se rebelan frente a las reformas planteadas por sus gobiernos. Ahí está el caso de Francia, donde una reforma laboral de corte similar a la española ha provocado huelgas y movilizaciones sin interrupción durante las últimas semanas. Si el argumento de los gobernantes, entre ellos la Syriza que llegó al poder dispuesta a desafiar los dictados de la troika, es que no hay alternativa a las medidas encaminadas a controlar el déficit y flexibilizar los mercados de trabajo, son muchos los ciudadanos y no pocos los partidos que niegan la mayor y, como dijo la dirigente de Podemos Carolina Bescansa en el curso de un debate televisivo reciente, apelan a la «voluntad política». Ésta sería capaz de imponer criterios políticos allí donde parecería que sólo son hacederas soluciones técnicas. Juan Torres, asesor económico de este mismo partido hasta hace unos meses, lo expresa así:
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