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Respuesta: espero que te sirva
Explicación:
el caso es que los actos de individuos o grupos a instancias de la propiedad privada en la sociedad civil burguesa, como los actos de otros tantos individuos o grupos a instancias de la representación política “burocrática” conferida por los comicios a determinados partidos en la comunidad política o Estado, impiden ejercer al pueblo esa insustituible labor de prevención. ¿Por qué? Pues, porque, en el contexto general de las desigualdades sociales crecientes, tanto la propiedad privada como la delegación del poder o representación política en virtud del voto, garantizan la discrecionalidad o privacidad de los actos, tanto de los titulares de la propiedad sobre los medios de producción en la sociedad civil, como de los representantes políticos en el aparato del Estado; y en esa garantía está la posibilidad real de su descontrol por parte del resto de la sociedad, tornando, por tanto, imposible su vigilancia como disuasivo del delito común, la corrupción, el fraude político, el crimen o genocidio de Estado, etc., etc.
¿Por qué esto es así? En primer lugar, porque la consagración de la idea de “libertad individual” derivada de la propiedad privada, supone la supremacía de la privacidad y la discrecionalidad en las decisiones. En segundo lugar, porque el derecho de propiedad también supone la competencia. Y aunque la burguesía consagre el principio de Adam Smith, en el sentido de que el interés general sólo resulta de que cada particular persiga libremente su propio interés, lo cierto es que, en el fondo de esta filosofía liberal, palpita la realidad de una sociedad basada en el engaño y el pillaje mutuo. En efecto, dado que la propiedad privada genera necesariamente la competencia, para que cada cual pueda actuar libremente según sus propios fines o intereses, no puede dejar de ver en los demás sino competidores, enemigos potenciales de esos intereses particulares propios. De esta consecuencia de la concepción del individualismo capitalista basado en la plena libertad individual que, a priori, confiere el sagrado ejercicio de la propiedad privada ―del libre derecho de cada cual a disponer de lo que es suyo―, de aquí surge inevitablemente la posibilidad real de los actos ilícitos, jurídicos, morales y políticos, junto a la necesidad de que estos ilícitos sean considerados delitos sólo si son descubiertos una vez cometidos, lo cual consagra socialmente el mérito ulterior de burlar a la justicia. De ahí que por deformación profesional, el célebre criminalista Lombroso no viera en cada individuo, más que a un ladrón, a un criminal, a un asesino en potencia. La misma deformación profesional con que, a priori, tiende juzgar su entorno cualquier policía, lo cual explica que deba tener su hipócrita contrapartida en el principio jurídico de la “presunción de inocencia”. Esta tendencia a la mutua sospecha generalizada, tiene su principio activo en el fracaso de esta sociedad para prevenir socialmente las noxas individuales y colectivas del delito, como la del 11M para quienes la proyectaron e indujeron a cometer.