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A menudo utilizamos esos términos como intercambiables, igualando libertad con democracia. Hacemos más complejo el error reiterando que la democracia automáticamente produce libertad y que, gracias a la democracia, la coacción gubernamental ya no es una amenaza a la libertad porque votamos por quienes nos coartarán.
Olvidamos que Estados Unidos nació como república, no como democracia, y que la Constitución se estableció para promover la libertad, no la democracia. Los legisladores de la Constitución buscaban proteger a las personas de la intrusión del gobierno. La intención de la Constitución era dominar al gobierno, no al pueblo. Como explicó Alexander Hamilton: “Estamos creando una forma republicana de gobierno. La libertad real no se encuentra en los extremos de la democracia, sino en un gobierno moderado”.
Sospecho que la mayoría de nosotros nos sorprenderemos al saber que la palabra “democracia” fue deliberadamente evitada por los legisladores, y no aparece ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. Los Padres Fundadores estaban profundamente preocupados con los problemas inherentes a una tiranía de la mayoría y se esforzaron para diseñar un gobierno federal que no se basara en la voluntad de la mayoría. Para los legisladores, el propósito del gobierno era asegurar a los ciudadanos la trilogía de derechos expuesta por John Locke: la vida, la libertad y la propiedad.
Sospecho también que la mayoría de nosotros nos sorprenderemos de saber cómo, en la neblina de la Primera Guerra Mundial, comenzamos a romper la letra y el espíritu de la Constitución suspendiendo derechos de propiedad con nacionalizaciones en amplia escala y más. La Ley de Sedición de 1918 minó abiertamente la Carta de Derechos criminalizando las expresiones antigubernamentales. La Ley de Sedición prohibió el uso de lenguaje “desleal, profano, injurioso o abusivo” sobre el gobierno de Estados Unidos. Los condenados bajo esa Ley recibieron sentencias de cárcel de entre cinco y 20 años. En aquellos turbulentos años, el activista político radical y novelista Upton Sinclair y otros fueron arrestados por leer en público la Carta de Derechos.
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