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Una de las funciones principales del Poder Legislativo es, como su nombre lo indica, la de hacer las leyes que regulan una serie de asuntos que nos afectan a todas y todos, como la convivencia entre las personas, la forma en que el gobierno recolecta impuestos y los gasta en bienes y servicios públicos, las sanciones de los delitos, el acceso y provisión de servicios, entre muchos otros.
La función legislativa se complementa con la de representación popular: en una democracia, las y los representantes deberían discutir y aprobar leyes con base en las necesidades, demandas, inquietudes y experiencias de las personas a quienes representan. Dada la importancia de esta tarea, es imprescindible que las y los legisladores puedan realmente contar con toda la información necesaria para poder elaborar buenas leyes, que permitan alcanzar los objetivos más apreciados por los distintos grupos sociales.
Una de las formas para lograrlo es mediante la inclusión de esos grupos, colectivos, movimientos y de personas que tienen conocimientos, prácticos o teóricos, sobre los temas que se busca legislar. Esto no significa que los diputados o senadores no conozcan sobre esas materias, sino que ese conocimiento debe complementarse con otras perspectivas que, en algunos casos, son más cercanas al problema que se quiere solucionar con la ley en cuestión.
Esto también es relevante para evitar la exclusión de sectores que no cuentan con los medios para hacer llegar su opinión a sus representantes. El cabildeo es una actividad que sucede en todos los Congresos y Parlamentos del mundo; pero es importante regularlo para poder equilibrar la influencia de los grupos más poderosos con la de los que no tienen los mismos recursos. Esto hace que la participación sea más democrática, en el sentido de que se habilitan condiciones de igualdad mayor para alcanzar a quienes tienen la responsabilidad y la obligación de tomar decisiones sobre el contenido de las leyes y su aprobación.
Mencionamos en una columna anterior que para el periodo ordinario de sesiones que está comenzando hay varios procesos de creación de leyes que consideramos muy importantes para la vida pública del país. El primero es el de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Como sabemos, aunque lamentablemente no es un problema nuevo, en los últimos años se hizo más grave. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con base en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay más de 26 mil personas desaparecidas en México. Hace unas semanas la senadora Angélica de la Peña organizó unaaudiencia pública con las organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema y con organizaciones de familiares de personas desaparecidas.
En el mismo sentido, el lunes pasado las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, invitaron a expertos de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y las y los comisionados del INAI para analizar y opinar sobre las iniciativas de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Pronto comenzará también la discusión sobre las leyes anticorrupción, en las que se deberá discutir no sólo las sanciones y delitos sino las formas más adecuadas de prevenir los actos corruptos, entre ellas, precisamente, mecanismos de participación ciudadana para el combate a la corrupción, que permitan detectar, contener y denunciar, además de mejorar la relación de confianza entre los gobernantes y las personas.
Conviene que el Senado de la República, que es donde se ha venido discutiendo estos temas, mantenga su disposición hacia la apertura y la participación. De igual forma, la Cámara de Diputados, una vez que se integren las Comisiones ordinarias, deberá implementar mecanismos de consulta y de participación para que las leyes – que ambas Cámaras deben aprobar – sean productos de prácticas de Parlamento Abier