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-Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: aplicable a todo tipo de actividades económicas, esta norma regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. Establece la obligación de reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan. Así, cualquiera que cause, tanto si se produce directa como indirectamente, un cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, incurre en una responsabilidad ilimitada: el operador responsable del daño tendría que devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Esta obligación ha quedado diluida en el debate sobre las garantías financieras que se fijan para los operadores incluidos en el anexo de la norma, pero con garantía o sin ella, la responsabilidad por daños al medio ambiente está vigente y es aplicable.
-Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: es un texto interesante, pero básicamente conviene tener presente una obligación fundamental: Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización de vertido.
-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: aplicable a todo tipo de organizaciones establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y de los suelos contaminados. Incluye las obligaciones de las actividades que generan residuos, la documentación asociada a la entrega de dichos residuos, etc.
-Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases: si bien su ámbito de aplicación es más reducido que el de la norma anterior, en tanto que sólo afecta a los agentes relacionados con productos envasados, la previsión relativa a los planes empresariales de prevención de residuos de envases, es un requisito que no puede pasar desapercibido a los responsables de la puesta en el mercado de productos envasados o de envases industriales o comerciales, que tras su uso generen residuos de envases.
-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: establece sanciones de hasta 300.000 euros para infracciones muy graves que impliquen la superación, por parte de los emisores acústicos, de los valores límite de contaminación acústica.
-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: el último texto de este instrumento preventivo destinado a determinar la compatibilidad ambiental de un determinado proyecto, incorpora novedades de tramitación que hacen descansar sobre el promotor del proyecto gran parte de la carga del procedimiento.
-Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación: si bien sólo afecta a las actividades recogidas en su anexo, regula la Autorización Ambiental Integrada, cuya vigencia ha quedado supeditada a la aparición e incorporación de mejores técnicas disponibles para cada sector de actividad.
-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: establece el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, entendidas como aquellas que por su propia naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y seguimiento más estricto. Regula los procedimientos de autorización o notificación de actividades incluidas en los grupos A, B y C de dicho catálogo.
-Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero: establece la autorización de emisión de gases de efecto invernadero exigida a las instalaciones que desarrollen actividades enumeradas en la propia ley, así como todos los elementos necesarios para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
-Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica: así, con este título tan largo dejo para el final una norma que tipifica como falta muy grave la comercialización sin la ficha de datos de seguridad de sustancias y mezclas que reúnan los criterios para ser clasificados como peligrosas o el incumplimiento de la obligación de adjuntar en la ficha de datos de seguridad el anexo relativo a los escenarios de exposición.
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