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Derechos de los ciudadanos en una democracia
La libertad de palabra y expresión, sobre todo en cuestiones políticas y sociales, es la esencia misma de cualquier democracia. Los gobiernos democráticos no controlan el contenido de la mayor parte de las expresiones escritas y verbales. Por eso en las democracias suele haber muchas voces que expresan ideas y opiniones diferentes e incluso antagónicas. Las democracias tienden a ser ruidosas.
La democracia requiere una ciudadanía alfabetizada y consciente, cuyo acceso a la información le permita participar lo más plenamente posible en la vida pública de la sociedad y criticar a los funcionarios o las políticas del gobierno que le parezcan erróneas u opresivas. Los ciudadanos y sus representantes elegidos reconocen que la democracia requiere el acceso más amplio posible a ideas, datos y opiniones libres de censura. Para que las personas libres se gobiernen por sí mismas, deben tener libertad para expresarse de manera abierta, pública y repetida, tanto verbalmente como por escrito.
En la mayoría de los casos, las autoridades de una democracia no se inmiscuyen en el contenido de la expresión escrita y verbal.
Las protestas son un buen terreno de prueba para la democracia; así, el derecho de reunirse en forma pacífica es esencial y parte integral de un entorno que facilita la libertad de expresión. Una sociedad civil permite un animado debate entre todas las personas que discrepan en torno a algún asunto.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto y no puede ser invocado para incitar a la violencia. La difamación y la calumnia comprobadas se denuncian y consignan en los tribunales. En general, sólo cuando las democracias se encuentran ante una amenaza muy grave llegan a justificar la supresión de algunas formas de expresión o reunión que pueden incitar a la violencia, dañar dolosamente la reputación de alguien o derrocar a un gobierno constitucional. Sin embargo, para todas las democracias, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre la defensa de la libertad de expresión y de reunión, y la prohibición de las expresiones que en verdad fomentan la violencia, la intimidación o la subversión de las instituciones democráticas. Se puede estar enérgica y públicamente en desacuerdo con los actos de un funcionario público, pero incitar a la gente a que lo asesine es un delito.
Explicación:
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