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Harold Laski, en su Grammar of Politicsdefine al Estado como “una corporación de servicio público”,1 en el sentido de hacer realidad la pluralidad política organizada corporativamente como “ética de Estado”, para lograr una máxima eficiencia en la administración pública. Otras definiciones más amplias del Estado lo identifican como una estructura con soberanía sobre un territorio en particular. Esta estructura cuenta con normas establecidas a través de un conjunto de instituciones y organismos que ejerce el poder de manera legítima, permanente y jerarquizada.
Legítima, porque es producto de una convención constituyente que cimente el pacto social y porque sus funciones tienen sentido en la utilidad pública o el bien común, ejercidas con autoridad legal y potestad para regular la sociedad de conformidad con el mandato de sus ciudadanos. Permanente, porque a diferencia de los gobiernos, el Estado de derecho tiene una vocación de permanencia para aportar estabilidad a la vida nacional. Y jerarquizada, porque a diferencia de la sociedad civil, las entidades inferiores del Estado se deben a las superiores dentro de una estructura que respete el principio de subsidiariedad. Solamente están al mismo nivel los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, orientados por medios directos o indirectos por el mandato de los ciudadanos. La separación y el equilibrio de estos poderes del Estado son extensivos a todos los niveles de la sociedad.
En nuestro concepto básico de Estado, su existencia se reconoce por cinco elementos esenciales:
1. población;
2. territorio;
3. autoridad y monopolio de la fuerza legal;
4. control de la hacienda pública; y,
5. ejercicio de la soberanía por mandato de sus ciudadanos.
El Estado así reconocido es el hogar de la sociedad que acoge y protege. Su estructura debe fundarse en los cimientos de la ley y el orden, en un cuerpo político robusto, pluripartidista y respetuoso de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en un programa encaminado a fomentar el bienestar de sus ciudadanos con justicia y equidad.
Por tanto, los principales objetivos del Estado son:
a) mantener la ley y el orden;
b) promover la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos y residentes a cuyo servicio está y a los que debe protección; y,
c) administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato expreso de sus ciudadanos.
En El Hombre y el Estado, Jacques Maritain afirma que: “La función concreta del Estado –su función principal– es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley”,2 porque, según añade en otro segmento de su obra, “el Estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar públicos; es un instrumento al servicio del hombre”.3 Es decir, al servicio de sus ciudadanos, reconociendo la primacía en el orden social de la persona humana. Cualquier violación de ese orden social colocaría a la persona al servicio del Estado, lo cual sería una perversión política.
Lo que le da sentido y razón de ser al Estado es la primacía del bien común como principio ordenador de la sociedad. La sociedad civil inviste al Estado con el cargo de promotor y gestor del bien común, para cuyo desempeño lo dota del deber y del derecho de intervenir en la vida social. El Estado es garante de la justicia social, por la promoción y participación populares, para que las personas se integren en los diversos cuerpos intermedios que la representan y sirvan de interlocutores suyos ante el Estado. El Estado, según Maritain, es “una parte especializada en los intereses del todo”.4
Estos parámetros definen al Estado como la entidad que regula los intereses del todo social y que funciona mediante una estructura de gobierno para administrar ordenadamente los mandatos de sus ciudadanos. Si ese mecanismo político pone al ciudadano al servicio del Estado se convierte en una aberración de abuso de poder, mientras que cualquier grado avanzado de anarquía lo convierte, por el contrario, en una entidad fallida.