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LA RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE ESTADO Y NACIÓN
Está claro que la noción de soberanía estatal no posee un rol tan preponderante como el que desempeñara durante buena parte del siglo XX en el sistema de poder internacional. Su relevancia está cruzada por decisiones provenientes de los poderes económicos trasnacionalizados, por organizaciones de la sociedad civil y por el sistema multilateral. Principios inherentes a la soberanía del Estado-nación como los de autodeterminación de los pueblos y de no-injerencia en los asuntos internos de otro Estado, cohabitan hoy con otros principios que resaltan el valor de la persona humana por sobre la construcción estatal, como el derecho de intervención y el deber de injerencia, en tanto se vean amenazados derechos humanos fundamentales.
Estos principios más recientes informan, junto con los anteriores, un entramado de normas e instituciones comunitarias que relegan, sin duda, aquella condición del Estado soberano como sujeto casi excluyente de la política internacional.
De todos modos, los Estados nacionales siguen teniendo un papel ineludible en la configuración de las reglas de juego a nivel internacional. A lo que quiero llegar, como primer esbozo conceptual de este capítulo, es a que ningún Estado, por poderoso que sea, puede actuar en soledad, o permanecer indiferente del complejo cuadro de situación mundial de nuestros días, sin pagar por ello un elevado precio con relación a las condiciones de vida de su población.
No obstante, y a pesar de lo dicho, el sujeto jurídico-político de las relaciones internacionales continúa siendo el Estado, con las características propias del modelo diseñado en el Tratado de Paz de Westfalia. Y entre los 194 Estados reconocidos por la Organización de Naciones Unidas, algunos son, comprensiblemente, más relevantes que otros.
Detengámonos un instante en una pregunta central: ¿de qué hablamos cuando hablamos del Estado? Nos referimos a un concepto eminentemente jurídico y político, a diferencia de la Nación, que es una construcción de origen cultural, sociológico, en algunos casos, pero no siempre, incorporada a los límites políticos del Estado. Aquello que se nos enseñaba desde una simplificación extrema: “el Estado es la nación jurídicamente organizada”, no es necesariamente así. En algunos casos, la nacionalidad puede coincidir con la organización jurídica estatal, en otros casos existen naciones sin Estado y en otros estamos en presencia de Estados plurinacionales. Como la Yugoslavia de Tito, que albergaba a serbios, croatas, macedonios, bosnios, montenegrinos. O el caso de Checoslovaquia, que fue una “necesidad” jurídica de la primera post-guerra. O, últimamente, el Estado plurinacional de Bolivia consagrado bajo la presidencia de Evo Morales. Siguiendo el criterio inverso, pero también diferenciando Estado y Nación, luego de la primera guerra mundial se decidió desmembrar el Imperio austro-húngaro.
Ahora, lo que sí es verdad, es que los Estados tienen componentes muy fuertes de la Nación, como la lengua, la religión, la historia, la unidad geográfica y, finalmente, la creencia en el destino común. Pero eso no es lineal. Eric Hobsbawm, en un libro muy interesante que se titula “Naciones y nacionalismos desde 1780”, advierte que no necesariamente la lengua madre es un componente estructural del Estado, lo mismo que no siempre lo es la religión. En algunos casos lo ha sido, y en otros no. No obstante, una cosa es admitir que no necesariamente la unidad lingüística o religiosa define por sí misma al Estado, y muy otra sería negar que tanto el lenguaje como la religión poseen una incidencia muy pronunciada en la composición del Estado.
Lo que sí me animo a afirmar es que aun cuando faltase la unidad lingüística o religiosa, la unidad de destino sí da gran sentido a la Nación, y de allí a la categoría de Estado nacional. Se trata de la sensación compartida de que hay un camino común para llegar a un objetivo compartido. Hasta que cuestiones muy fuertes de poder logran desintegrar esa unidad, como sucedió por caso con la separación de la “Gran Colombia” en tres Estados (Colombia, Ecuador y Venezuela) o con los estados pseudo-soberanos que ocupan el istmo de América Central. No hay razones lingüísticas ni religiosas ni históricas suficientes para justificar que esos siete países provengan de sendas “naciones” o “nacionalidades” diferentes. Tampoco podemos hablar de “naciones” convertidas en Estados, cuando nos referimos a países de pequeñas dimensiones como Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino o el Principado de Mónaco. Y tenemos casos de comunidades que se escinden de una comunidad nacional mayor como el caso de Singapur respecto de Malasia, y que a partir de un rasante desarrollo económico fortalecen sus rasgos comunitarios.