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El argumento de los derechos territoriales ha recibido mucha atención en la literatura reciente.1 Con frecuencia, se considera que los derechos de los grupos indígenas se relacionan con el territorio de un modo normativamente importante, como lo son los derechos sobre algún terreno, recursos específicos y al uso del espacio geográfico que pertenece a un grupo de personas en particular.2 Por ejemplo, la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” de la Organización de las Naciones Unidas de 1960 establece que “todos los pueblos tienen el derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional”.3 Otro ejemplo es el siguiente: el principio de “la soberanía permanente sobre los recursos naturales”, declarado en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1962, surgió, en parte, como respuesta a la cuestión de si los estados descolonizados podían rechazar con toda libertad los contratos y concesiones firmados por sus amos coloniales así como ignorar los agravios de un Estado
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