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El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a una nacionalidad, el derecho a cambiarla, y el derecho a no ser privado de ella. El derecho a la nacionalidad está confirmado en muchos otros instrumentos internacionales, incluidos el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad del Consejo de Europa (1997). En el contexto de las normas internacionales, “nacionalidad” y “ciudadanía” se usan generalmente como sinónimos. Esto también es aplicable a la Convención como subraya en su Informe explicativo4: nacionalidad “… se refiere a una determinada relación jurídica entre una persona y un estado que es reconocida por el Estado. …En lo que respecta a los efectos de la Convención, los términos “nacionalidad” y “ciudadanía” son sinónimos”.
El derecho a la nacionalidad es muy importante debido a las consecuencias en la vida cotidiana de las personas de cada país. Ser un ciudadano reconocido en un país tiene muchos beneficios jurídicos, que pueden incluir entre otros, dependiendo del país, el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a la seguridad social, a los servicios de salud, a la educación pública, a la residencia permanente, a la propiedad de la tierra, o a participar en el empleo.
A pesar de que cada país puede determinar para sus nacionales y ciudadanos, los derechos y obligaciones que tienen, los instrumentos internacionales de derechos humanos plantean algunas limitaciones sobre la soberanía del estado con la ciudadanía. En concreto, el principio universal de los derechos humanos de la no discriminación y el principio de no tener ciudadanía deben evitar limitar la discrecionalidad del Estado en cuanto a la ciudadanía.
La participación en la vida política y cultural es un derecho humano fundamental reconocido en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a participar en el gobierno y las elecciones libres, el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica y el derecho a afiliarse a los sindicatos. Participación es también un principio básico de los derechos humanos y es también una condición para la ciudadanía democrática de todas las personas.
Participación es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado dice que los menores de edad (todas las personas menores de dieciocho años) tienen el derecho a hacer oír su voz cuando los adultos están tomando decisiones que les afectan, y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y la madurez del niño. Además tienen el derecho a expresarse libremente y a recibir y compartir información. La Convención reconoce la capacidad de los niños de influir en la toma de decisiones relevantes para cada uno de ellos, de compartir sus opiniones y, por lo tanto, de participar como ciudadanos y actores del cambio.
Sin el espectro completo de los derechos humanos, la participación resulta difícil si no imposible de acceder. Las malas condiciones sanitarias, los bajos niveles de educación, las restricciones a la libertad de expresión, la pobreza, etc. Todos esos factores tienen un impacto en nuestra capacidad de tomar parte en los procesos y estructuras que afectan a nuestros derechos. Igualmente, sin participación, muchos de los derechos humanos son de difícil acceso. Es a través de la participación que podemos construir una sociedad basada en los derechos humanos, fomentar la cohesión social, hacer oír nuestra voz para influir en la toma de decisiones y lograr el cambio, y finalmente ser el sujeto y no el objeto de nuestras propias vidas.
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