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La crisis del Estado político
Así se explica que, en estas condiciones, la hora del desencanto con la política no tarde en llegar. Ese desencanto puede traducirse no solo en una crisis política, sino, lo que es mucho peor, en una crisis de la política. Pero, por muy grandes que sean las atribuciones económicas de un Estado, no debemos olvidar que éste es, antes que nada, la máxima instancia de la política. El Estado no solo es la representación jurídica de la Nación, como se enseña en las escuelas de derecho, sino que es, por sobre todo, su representación política.
Y la política, lo dijo Max Weber, tiene que ver con la lucha por el poder. El Estado es así un organismo de poder, pero es a la vez la institución que en su interior cobija aquel «vacío de poder» del que hablaba Claude Lefort, vacío fundamental para la dinámica política ya que, si no existiera, la política en tanto lucha por el poder no tendría ningún sentido. Afirmar que el Estado no solo es un organismo de gestión económica sino el detentor institucional de su propio vacío de poder nos lleva a buscar la explicación de la baja credibilidad de la democracia en América Latina por vías que, según mi opinión, no han sido suficientemente exploradas. Una de ellas es la baja participación política de la población.
Participación política no debe ser confundida con participación ciudadana. Solo lo son cuando alcanzan el espacio político, y esto sucede cuando encuentran su representación en entidades, instituciones o personas que trasladan sus reivindicaciones parciales a comunes denominadores que se expresan simbólicamente en la arena política. Esa arena política, situada en algún lugar intermedio entre la llamada «sociedad civil» y el Estado, es una zona de confrontaciones y conflictos, ya sea con otras representaciones políticas, ya sea –momento culminante de la política– con el propio Estado. Por cierto, el espacio de la disputa política es una zona llena de tensiones.
La idea de Jürgen Habermas de que la política debe surgir de actores que realizan su intercomunicación discursiva en un campo plenamente institucionalizado es muy bella y deseable, pero bastante irreal. No obstante, esa zona tumultuosa, tensa, conflictiva e incluso borrascosa es la que con su simple existencia garantiza que la democracia no quede reducida a su pura institucionalidad e involucre de modo dinámico a vastos sectores de la ciudadanía en el proceso –siempre inconcluso– que implica la propia construcción de la democracia. De ese modo, el Estado debe cumplir, con relación a esa zona, un doble trabajo. Por otro lado, ha de llenar esa zona con canales institucionales que permitan que los conflictos sean ordenados en estructuras políticas.
De ahí que un exceso de institucionalización de la política puede llegar a ser para la vida democrática tan contraproducente como la ausencia de instituciones sólidas. Si la actividad política está sobreinstitucionalizada, se corre el peligro de que la política sea reducida a su simple práctica administrativa o burocrática, que es en cierto modo lo que está sucediendo en algunos países europeos. Para que la canalización política sea efectiva no es necesaria una institucionalidad de hierro. Es suficiente que los coparticipantes de la zona política acaten normas básicas del derecho.
Se trata de un espacio de lucha, pero –entiéndase bien– de un espacio de lucha política, lo que significa que deben quedar excluidos todos aquellos usos que no correspondan con la política, como la violencia y la agresión personal, sea física o verbal. De tal modo, la crisis de la democracia es siempre una crisis de la actividad política, que es la que da vida a toda democracia. Y una crisis de la actividad política no puede ser sino una crisis de los actores políticos. La crisis de los partidos políticos resulta de la ausencia de ideas políticas, y los productores de ideas políticas son, entre otros, los miembros de la intelectualidad política.
Sin ideas políticas la lucha política se transforma en una mera representación de grupos de intereses, con lo que la política se convierte en una actividad que lleva a cabo solo negociaciones, compromisos y transacciones. La conversión de la política en una simple representación de intereses económicos de grupos, por un lado, y el sobreexceso ideológico, por otro, no se contraponen entre sí. Ambos se hacen presentes, y con mucha fuerza, en la política latinoamericana de nuestro tiempo. Ambos tienen que ver, por supuesto, con la ausencia de actores realmente políticos en la zona estrictamente política que debe existir en cada Nación democrática, condición necesaria para que circulen con libertad ideas y pasiones, intereses y proyectos.