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Hace 25 años la euforia reinaba en el país. El 4 de julio de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente, después de unos días traumáticos de redacción final en el Instituto Caro y Cuervo al norte de Bogotá –con textos extraviados y apagón de sistemas–, promulgaba una nueva Constitución. En la fiesta colectiva los colombianos celebraban el desbloqueo institucional: después de varios intentos de reformar a fondo la Carta de 1886, fallidos en el Congreso o tumbados por la Corte Suprema, Colombia no solo lograba un cambio de su texto constitucional,
Pero la conclusión de que la Constitución de 1991 no rige plenamente es, por lo menos, apresurada. Algunas de las 41 reformas –3 en el gobierno de Gaviria, 4 en el de Samper, 5 en el de Pastrana, 15 en los de Uribe y 11 en los de Santos– no son sustanciales o son contrarreformas que regresan al espíritu inicial contemplado en 1991. Un símbolo de las primeras es haber recuperado para la capital del país el nombre de Bogotá, modificado originalmente por el de Santa Fe. Otro es la despenalización de la dosis personal de drogas ilícitas: un primer fallo de la Corte Constitucional así lo estableció en 1998, un acto legislativo lo echó para atrás en 2009 –gobierno de Álvaro Uribe– y una nueva decisión de la corte lo volvió a dejar vigente.
Reformas y contrarreformas
En cuanto a reformas y contrarreformas sobre un mismo asunto hay varios ejemplos, pero el más llamativo es el que prohíbe la reelección presidencial. Los constituyentes habían adoptado esta norma con la convicción de que sin las posibilidades de regresar al poder, los ex perderían un poder desproporcionado y de esa manera se abriría el juego político para facilitar nuevos liderazgos, más pluralistas. Uribe logró cambiar “el articulito” en 2005, y después Juan Manuel Santos, en 2015, propició el regreso a la fórmula inicial.
También ha habido modificaciones necesarias. Como la que en 1997, en el gobierno de Ernesto Samper, anuló la prohibición de extraditar nacionales, adoptada por la Constituyente bajo sospechas y versiones de amenazas directas de los entonces todopoderosos carteles de la droga. No todos los cambios han sido malos.
De modo que el número de enmiendas –41– no necesariamente significa que una contrarreforma echó para atrás todos los avances. Por el contrario, su aspecto más importante –la llamada Carta de Derechos– no solo se mantiene sino que se ha profundizado. La Carta de 1991 le quitó a la Corte Suprema de Justicia la tarea de garantizar la constitucionalidad de las leyes y creó la Corte Constitucional para el efecto. Este organismo ha profundizado la modernización normativa en el último cuarto de siglo en asuntos como la eutanasia, los derechos de las parejas del mismo sexo y la despenalización de la droga. Ha completado las tareas de la Constituyente. Según Manuel José Cepeda, consejero presidencial durante el periodo de la Asamblea y posteriormente magistrado de la Corte Constitucional, “ninguna de las dos ideas fundamentales (de la Carta) han sido afectadas por las reformas: el reconocimiento generoso de los derechos, confiándoles a los jueces su protección, y la limitación efectiva del poder, tanto público como privado”. En igual sentido la especialista Catalina Botero –líder del movimiento Séptima Papeleta que luchó por que se convocara la Constituyente y luego magistrada auxiliar de la corte– dice que “la Constitución de 1991 creó tres figuras fundamentales para la construcción de un Estado social de derecho –la acción de tutela, la carta de derechos y la Corte Constitucional–, y, mientras estos tres pilares continúen funcionando, se mantiene la esencia de esa Carta”.
Esos tres mecanismos han cambiado la vida de millones de colombianos. En 25 años “han interpuesto casi 7 millones de tutelas, en su mayoría en temas referentes a derechos como pensión, salud, trabajo y derechos humanos”, según Botero. Decisiones lícitas de los ciudadanos sobre opciones que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad han llegado a ser parte de la normalidad cotidiana, la sociedad se ha abierto a maneras plurales y diversas de ejercer la libertad y ha aprendido a aceptar decisiones individuales disímiles y a convivir con ellas.
La corte y la tutela han sido una combinación que ha acercado el derecho a la gente común y corriente y se ha convertido en un instrumento eficaz y creíble para todo el mundo. La Constitucional también ha cumplido su objetivo esencial de evitar excesos y abusos de poder. Aunque permitió la reforma para que Álvaro Uribe pudiera ser reelegido en 2006, después frenó el intento de una nueva candidatura en 2010. La lista de fallos históricos es larga.