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En el continente latinoamericano se conocen los años 90 del siglo pasado como “la década perdida”. Fueron los años de aplicación de las medidas más ortodoxas del neoliberalismo, generalmente camufladas tras la denominación de “ajuste estructural”. Se habían ensayado desde los años 70 aprovechando la implantación de dictaduras (Chile, Argentina…) que imposibilitaron la contestación a esas medidas ante la desaparición y muerte de las oposiciones políticas, sociales y sindicales.
En la década de los 80, con la aplicación del modelo de la transición española, gran parte de las dictaduras se fueron transformando por arte de birlibirloque en democracias reconocidas. Aquellas mismas élites militares y económicas (oligarquías) que hasta semanas antes habían dirigido con mano de hierro y gatillo fácil a las sociedades, se reconvertían en demócratas. El quid de la cuestión era que, por supuesto, las estructuras de la economía neoliberal que ya había dado sus primeros pasos en las dictaduras, no se podían tocar. Demócratas sí, pero nunca dispuestos a perder su estatus de dominación y privilegios sino, muy al contrario, a ensayar nuevas formas que multiplicaran sus beneficios.
Y así América Latina entra en una fase de ajustes estructurales en esa década perdida. Recortes sociales y laborales, precarización del trabajo, subidas de impuestos a las capas populares y bajada de la fiscalidad a las clases dominantes, adelgazamiento del estado mediante despidos masivos y disminución de las arcas públicas, acompañadas de privatización de la práctica totalidad de los sectores económicos estratégicos (electricidad, minerías, telefonía, hidrocarburos….). Todo ello produce un inmediato hundimiento de la calidad de vida de las grandes mayorías, calidad que nunca había sido buena pero que ahora empeora ostensiblemente, incluyendo las expectativas del futuro inmediato.