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Nicaragua pidió el martes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declare que la soberanía del archipiélago San Andrés recae sobre Managua y que los jueces busquen una solución "equitativa" en el reparto de las zonas económicas fronterizas con Colombia situadas a 200 millas desde la costa.
Así lo solicitó en sus conclusiones finales el miembro de la delegación de Managua Carlos Argüello, quien pidió a los magistrados que "enderecen la justicia" a este respecto.
Esta postura contrasta con la de Colombia, que la semana pasada argumentó que "no hay necesidad de limitar las zonas marítimas" entre ambos países.
Según infrmó Caraco Radio, el agente colombiano ante la CIJ, Julio Londoño, manifestó que su contraparte "no dijo nada nuevo, se limitó a reiterar sus argumentos para confundir a la Corte con un caso de soberanía que saben perdido para tratar de mejorar sus otras aspiraciones".
Agregó que "llegamos a la etapa final del pleito que Nicaragua instauró contra Colombia con la convicción de que la historia y el derecho están de nuestro lado".
Managua estima que Colombia tiene bajo su soberanía una zona de 200 millas que le corresponden a Nicaragua.
Ambos países se disputan su delimitación marítima y zonas de interés económico en el mar, lo que incluye la pugna por la soberanía del archipiélago San Andrés, que comprende los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que le corresponden.
Colombia argumentó que la soberanía del archipiélago no se puede poner en disputa porque el conflicto ya se resolvió en 1928 con la firma de tratado Bárcenas-Esguerra, que ratificó, según Bogotá, la soberanía colombiana sobre San Andrés.
Nicaragua defendió durante su primer turno de palabra la nulidad del tratado de 1928 sobre el dominio colombiano pasado de San Andrés, dado que el país se encontraba bajo ocupación de Estados Unidos.
La CIJ finaliza el próximo viernes, con la exposición de los argumentos finales de Colombia, las audiencias en este litigio, que Nicaragua elevó a la CIJ en el 2001.
La apertura de las audiencias se ha retrasado por la petición de los países vecinos, Honduras y Costa Rica, a la corte internacional de participar en la tramitación del contencioso porque consideraban que su fallo podría afectar a sus intereses.
Sin embargo, en mayo del 2011 los jueces rechazaron las solicitudes de intervención de los dos países.
En el 2007, y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia en la disputa, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la jurisdicción de esas islas.