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Solo hacia 1850 se crea la Escuela de Artes y Oficios cuyo reglamento establecía como objetivo “formar un competente número de artesanos instruidos, laboriosos y honrados, que con su ejemplo y sus conocimientos contribuyan al adelantamiento de la industria en Chile, y a la reforma de nuestras clases trabajadoras”. Sin embargo, a juicio de Gutiérrez tenía un “sesgo asistencial” y no poseía vinculación y continuidad alguna con las ingenierías universitarias de la época.
En la primera mitad del siglo XIX, la capacidad del Estado estaba enfocada en la organización de las instituciones de la República y no existían recursos para extender la cobertura de la primera escuela. Para contribuir en esa titánica labor, se creó en 1856, la Sociedad de Instrucción Primaria, -cuya red de Colegios existe hasta hoy-.
“Llama la atención que desde los albores de la Independencia, el Estado delegó la educación de los más pobres en la Iglesia y en privados y que desde siempre les traspasó recursos estatales (desde 1854 el Gobierno dispuso traspasarle a los privados un 50% de los costos necesarios para establecer escuelas privadas y un porcentaje adicional de los costos de mantención y de operación) para cumplir dicha misión”, sostiene la académica, Patricia Matte.
Recordó que “en 1853 se realizó el primer catastro de escuelas y de las 571 escuelas existentes, 273 estaban en manos de particulares, 18 en manos de órdenes religiosas y el resto eran estatales. El Estado mientras tanto se centraba en la educación de la futura elite gobernante (Instituto Nacional y Universidad de Chile) y en la formación de los futuros profesores (Escuela Nacional de Preceptores)”.
La ley general de Instrucción Primaria aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por entonces Presidente Manuel Montt “fue un hito legislativo y político”. En forma inédita se estableció que la Instrucción Primaria se daría bajo la dirección del Estado y que ésta sería gratuita, comprendiendo tanto a hombres como mujeres. Estipulaba que en cada departamento (según el ordenamiento territorial de la época) debían existir una escuela de niños y otra de niñas por cada 2000 habitantes, instaurando el principio de la gratuidad de la enseñanza popular. De este modo por más de medio siglo, esta legislación impulsó el desarrollo de la instrucción primaria en Chile.
Pese a las capacidades y prestigio de los primeros instructores y visitadores, no fue posible evitar la colisión entre las autoridades locales y sectoriales. Hacia 1866 se constataba que las autoridades locales estaban defendiendo la construcción de una red institucional en sus propias comarcas y desde el Ejecutivo el ministro de Instrucción ya admitía que la fundación de escuelas “se había hecho sin el tino necesario” y por ello se había verificado un movimiento notable de traslación de escuelas” (con un total de 33).
El gobierno central puso requisitos a los vecinos, como que el local fuera donado por 5 años y que la densidad de la población asegurara el número de alumnos. También hubo exigencias para los municipios, aunque la ley de 1860, -según consigna “La historia de la Educación en Chile”-, “había dejado pendiente el tema de la contribución municipal para el financiamiento de escuelas. Sus fondos fueron magros en relación a sus obligaciones. Entre 1865 y 1870 el presupuesto municipal a las escuelas disminuyó un 30%”.
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