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Sin lugar a dudas los sectores del Estado en cabeza de la clase dirigente opuesta al proceso de paz le han hecho "conejo" al mismo, al evidenciarse el incumplimiento sistemático de los aspectos fundamentales establecidos en los acuerdos de La Habana, una de cuyas evidencias lo constituye la renuncia del secretario de la Justicia Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa; que se dio en medio de serios cuestionamientos que los los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza hicieron en su debido momento con respecto al manejo de los cerca de US$200 millones que se deberían destinar al posconflicto.
La realidad es que ninguno de los proyectos productivos que contribuirían a fortalecer la economía agrícola y pecuaria y beneficiar a la población rural han despegado en ninguna de las denominadas zonas de normalización donde tienen asiento los insurgentes desmovilizados; por el contrario muchos de los exguerrilleros desertaron de estas zonas al no garantizarse las mínimas condiciones de seguridad para sus vidas y de sus familiares, probablemente engrosando las filas de los frentes de guerra disidentes de las Farc o las estructuras de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
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