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LA estabilidad social es, todos lo sabemos, una de las propiedades más importantes para la existencia de un desarrollo equilibrado y sostenible que contribuya al progreso real de la sociedad. La estabilidad social tiene muchas variantes, muchas dimensiones. Hoy me quiero detener en el tratamiento que el poder público en este tiempo ha dado a la principal institución social: la familia. Una institución social, primera y principal, abierta a la vida, a la trasmisión de la vida, a la perpetuación del género humano.
Si partimos de que la estabilidad familiar proporciona estabilidad social y de que, en sentido contrario, la inestabilidad familiar ocasiona, a su vez, inestabilidad social, con sólo comparar las cifras de los divorcios y rupturas de este tiempo con períodos anteriores, tendremos una rápida conclusión acerca del tema que me ocupa en el artículo de hoy.
En el Gobierno de Zapatero, segundo mandato, se aprobó una de las leyes más machistas y discriminadoras de la reciente democracia española. Me refiero a la ley del divorcio exprés, en cuya virtud se podía destruir un matrimonio con la sola voluntad de uno de los cónyuges y sin causa especial. Es decir, se deja la institución matrimonial en manos de la parte más fuerte, condenando a la parte más débil a sufrir las consecuencias de semejante norma jurídica. Las consecuencias no se han hecho esperar y ahí están para quien los quiera consultar.