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por Eduardo Gudynas y Mariela Buonomo – El proceso de integración en América Latina y el Caribe presenta diferentes tendencias que van desde lo meramente comercial hasta la integración política. Actualmente coexisten en el continente un conjunto de bloques que dejan atrás la idea de unidad latinoamericana. Cada uno de estos procesos difieren tanto en sus fines como en sus propuestas institucionales, incorporando complejidad a la discusión sobre la integración regional y cómo llevarla a cabo. En ese contexto, las ideas sobre regionalismo latinoamericano son claves.
En América Latina y el Caribe se han intentado acuerdos regionales desde hace por lo menos 60 años. Se pueden reconocer por lo menos tres fases: En la década de 1950 a 1960, se lanzan propuestas como la ALALC y el MCCA; en las décadas de 1960 a 1970, se conforman el Pacto Andino y el CARICOM; finalmente, desde mediados de la década de 1980, se observa la reconfiguración de la integración andina hacia la CAN, y luego el TLCAN y el MERCOSUR.
Por lo tanto se observa una diversidad de proyectos, con diferentes contenidos institucionales y objetivos. Unos esquemas, como ALADI o el TLCAN, apuntan a crear zonas de libre comercio, la CAN aspira a la unión aduanera, y otras agrupaciones sitúan sus expectativas en el establecimiento de mercados comunes, como el MCCA, el CARICOM o el MERCOSUR.
Se observa un solapamiento entre los procesos de integración, donde un país es miembro de más de un acuerdo. Por ejemplo, todos los miembros de la CAN y el MERCOSUR son asociados entre sí, y además son miembros de UNASUR y de ALADI; varios países centroamericanos integran el MCCA pero además han firmado el CAFTA. Se ha abandonado en los hechos la vieja idea de unidad latinoamericana como meta final de la integración, y se ha aceptado la fragmentación continental en diferentes bloques (un bloque centroamericano, uno caribeño y otro sudamericano).
En estos procesos de integración, el papel gubernamental sigue siendo la fuerza propulsora principal. Mientras que en otras regiones, la fuerza principal ha sido el mercado y el comercio exterior, en América Latina el gobierno ha propulsado estos esquemas con el objetivo de promover el comercio internacional. El papel del empresariado ha sido limitado, y en muchos países ha privilegiado la apertura comercial global antes que los procesos de integración regional con los vecinos.
La supranacionalidad no se ha concretado. Muchos procesos han planteado instalar un marco normativo supranacional, pero en los hechos esto no se ha concretado con efectividad, e incluso se ha retrocedido en esas ambiciones al mantenimiento de zonas de libre comercio o uniones aduaneras. El MERCOSUR ni siquiera contempla esa meta. Por lo tanto, el componente político se expresa en un énfasis intergubernamental para la toma de decisiones de la marcha de los bloques. Cada uno de los países debe aprobar las medidas acordadas en el proceso regional. Esto a su vez ha desembocado en un fuerte componente de diplomacia presidencial, donde los propios presidentes en cumbres regulares asumen la marcha de los procesos de integración.
Casi todos los procesos de integración mantienen un énfasis comercial, con diferentes componentes políticos, y en general expresan distintas variedades del regionalismo abierto, y defienden una inserción acelerada en la globalización actual (el ALBA es una excepción en algunos aspectos de esta tendencia).