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La falta de una respuesta pública integral, multisectorial y multidisciplinaria a la violencia contra la mujer.
La falta de un registro adecuado de los casos.
Las deficiencias en la implementación de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, las cuales dificultan la sanción a los agresores, la atención y protección a las víctimas.
La persistencia en la sociedad de actitudes permisivas con la violencia hacia la mujer.
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