¿Por qué Odebrecht logró capturar al Estado peruano? ¿Qué mecanismos utilizó con los gobiernos de principios del siglo XXI?
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El 21 de diciembre del 2016, se publicó un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaba que la constructora brasileña Odebrecht, en los veinte años anteriores, había realizado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países (entre ellos el Perú) para ganar las licitaciones de obras públicas. Ese fue el punto de inicio del llamado Caso Odebrecht, que la prensa calificó como el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica.1
En el caso del Perú, de acuerdo a los investigadores judiciales, Odebrecht habría pagado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios, que le generaron más de 143 millones de dólares en beneficios, aunque es probable que el monto de estos pagos ilícitos haya sido mucho mayor. Ello habría ocurrido entre los años 2005 y 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Ya desde noviembre de 2016, la Fiscalía en el Perú venía investigando el caso conocido desde Brasil como Operación Lava Jato.2
El entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría en todo lo que sea necesario para la investigación. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que llevasen a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.3
Colaboración eficaz
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata
Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa constructora.
Marcelo Odebrecht (ex presidente de la constructora) y [Jorge Barata] (director ejecutivo de la empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú.4
A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del Perú, encabezada por Pablo Sánchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración eficaz, de carácter secreto, y gracias a ello, Odebrecht y Barata empezaron a colaborar con la justicia peruana. Las declaraciones de estos personajes han comprometido a expresidentes y funcionarios peruanos, sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa brasileña en la licitación de obras públicas, así como aportes «fantasmas» para financiar las campañas electorales de diversos candidatos (esto último vendría a configurar la figura delictiva de lavado de activos). El caso más resonante es el del ex presidente Alejandro Toledo, a quien Barata sindicó haberle entregado veinte millones de dólares, a cambio de la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Otra revelación importante de Barata fue la entrega de tres millones de dólares a Nadine Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011.5
En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega de tres millones de dólares a favor de la campaña electoral de Humala del 2011, pero que también hizo aportes a otros candidatos, como Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz.6
El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrogó por segunda vez a Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda, especialmente sobre el caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a otros políticos peruanos. Odebrecht confirmó que su empresa entregó el dinero a favor de la candidatura fujimorista, aunque dijo que el monto exacto lo sabía barata.7
A fines de febrero de 2018, Barata declaró nuevamente ante los fiscales peruanos sobre los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campaña electoral de Humala del 2011 y sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Según lo que trascendió, Barata habría reconocido la entrega de dinero a favor de las principales candidaturas presidenciales de 2011, así como a la campaña por el No a la revocatoria del 2013 a favor de Susana Villarán, confirmando así sus anteriores declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precisó los montos y mencionó los nombres de los intermediarios en la recepción de los dineros.8
Explicación: