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Urquiza interpretó que Rosas abría un nuevo frente para seguir postergando la organización constitucional; se puso en contacto con los enviados del gobierno de Montevideo y del Imperio. Reafirmó la alianza con el gobernador de la provincia de Corrientes, Benjamín Virasoro, y ordenó la prisión y el fusilamiento del presidente del congreso provincial correntino. La preocupación principal de ambos era la de liberar el comercio fluvial y ultramarino, pero también reclamaban su participación en los ingresos de la Aduana de Buenos Aires.
Urquiza no se movió hasta asegurarse la provisión de lo único que le faltaba: dinero. Y el encargado de proveérselo fue el Barón de Mauá, el banquero más importante del Brasil, cuyo emperador financió las campañas de Urquiza.