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Gran cantidad de alcaldes han tenido que pisar la cárcel por incurrir en desvío de recursos, es decir que los servidores públicos decidieron disponer de dinero etiquetado para una obra a otra acción y eso en automático se convierte de delito y por lo tanto deben asumir su responsabilidad y responder a la autoridad judicial por ese hecho. Que bien que la autoridad del Poder Ejecutivo estatal y del federal, sean tan estrictos y exigentes para que los alcaldes hagan uso correcto de los recursos que se les destinan y etiquetan para una obra determinada. Empero, surge una pregunta, ¿por qué esa exigencia, rigidez y apego a legalidad no se aplica en los funcionarios de mandos medios hasta de los de primer nivel en los tres poderes de la unión, que son responsables de áreas donde se maneja presupuesto público y en la que ellos son los responsables del manejo correcto del dinero que nos pertenece a todos? Y es que esos funcionarios en su inmensa mayoría disponen de los recursos públicos y no para el beneficio social sino el propio y ahí no hay esa rigidez y exigencia porque no se dispongan de los recursos públicos para beneficio personal. Veamos como esos funcionarios disponen de recursos para fines distintos al interés público: Porqué un funcionario dispone de dos o hasta tres autos para su uso personal y distrae a uno o dos trabajadores del estado, pagados con el dinero público, para que esos servidores públicos sirvan a sus familiares para llevar a sus hijos y a sus esposas a eventos sociales y a actividades totalmente distintas al interés público.