Respuestas
Respuesta:
aumentar los costos de llevar a cabo prácticas rentistas y la probabilidad de ser detectado y castigado, así como la credibilidad de los
compromisos de los gobiernos (Desai y Olofsgard, 2006).
Así, es posible (aunque no seguro) esperar que un país democrático tenga una mejor burocracia. En particular, las mismas razones
que fomentan los contrapesos institucionales y previenen la acumulación de poder discrecional de los políticos sobre la burocracia pueden propiciar que éstas cuenten con incentivos para ser honestas y
capacidades para ser efectivas. Un gobierno de calidad (democrático
y competente) implica la existencia de una arquitectura institucional
que equilibra las interacciones entre el Legislativo, el Ejecutivo y la
burocracia para evitar cualquier desviación discrecional de alguno
de éstos, respecto del mandato democrático, así como la articulación de
un conjunto de prácticas de gestión que permiten traducir efectivamente los objetivos de gobierno en políticas, bienes y servicios
que atiendan las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía (véase Cejudo y Zabaleta, 2009). Se trata, como propone Peter Evans
(2005), de asegurarnos de que las acciones del Estado (y, debe agregarse, de sus agencias y funcionarios) reflejen las metas comunes de los
ciudadanos ordinarios (expresadas en el proceso democrático). Esto
significa prevenir que las administraciones públicas sean espacio
de control discrecional de los gobernantes. Quién entra al servicio
público, qué información se hace del conocimiento ciudadano, cuáles son las prioridades de las administraciones, cómo se les evalúa,
vigila y sanciona serían cuestiones previstas en reglas y criterios y no
estarán sujetas sólo al arbitrio del titular del Ejecutivo.
Explicación: