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Los fondos de la república colombiana, después de su independencia, pasaron por un basto análisis de historiadores. Pero, su principal desvío de fondos fue atacado por la corrupción, desde sus inicios en 1819.
La administración pública, luego de la desintegración de la Gran Colombia, fue cerrándose en un pragmatismo interno. Las dificultades económicas no permitían el desarrollo de estrategias para esta nación incipiente. Sin embargo eran victimas de un gran mal: La corrupción.
El proceso de organización del Estado que fue proferido en el decreto del 06 de octubre de 1817, que reglamentaba la administración de acuerdo a la independencia que exigían los tres poderes.
Y se señalaba en el artículo 90 que los empleados públicos de Colombia estarían sujetos a inspección de la Cámara de Representantes y podrían ser acusados ante el senado por un mal desempeño de sus funciones.
Ya para 1832 con la victoria del General Francisco Santander, se asume un Estado de déficit y sin mayor porvenir económico. No había dinero ni para los suelos, no habían mas prestamos del exterior. Y Colombia se había convertido en una nación insolvente.
La avaricia se convirtió en un método fiscal. Se invirtió en pequeñas empresas de corta escala, de papel y loza, para intentar generar ingresos, pero no lograban desarrollar a la población.
Teniendo que emitir más leyes que castigaran (como el artículo 93) a funcionarios públicos, que ante la crisis, causaban evasiones recurrentes de los recursos públicos.