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La disolución del Congreso de la República del Perú en 2019 fue una medida dispuesta por el Presidente de la República Martín Vizcarra mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM del 30 de septiembre de 2019, al haber estimado que el Congreso negó "fácticamente" la cuestión de confianza planteada por el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete. Debido a esta consideración, el gobierno aplicó el artículo 134° de la Constitución Política del Perú que permite al presidente disolver el parlamento cuando este ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros.1 No obstante esta alegación, la decisión produjo una gran controversia sobre el estricto apego a la Constitución de la medida. El 29 de octubre de 2019 el Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda competencial en virtud de la cual se pronunciará sobre la legalidad de la decisión presidencial