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El interdicto de obra peligrosa es una medida de protección judicial que se ofrece a los afectados (responsable jurídico o derivados) de posibles daños ocasionados a sus propiedades por el estado ruinoso, derrumbe, caída de un árbol o similares de propiedades contiguas o cercanas a las del afectado.
También se aplica para aquellas personas que tengan derecho de paso por las mencionadas locaciones en estado de riesgo. En este sentido el Estado en caso de decretar la demolición, no otorga compensación alguna al propietario del inmueble en estado de ruina.
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