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El programa de reformas estructurales de los servicios públicos se caracterizó por remover las estructuras que no permiten el libre funcionamiento de los mercados, para lo cual se eliminó el monopolio del Estado en la prestación y se diseñó un sistema que le permite al usuario escoger libremente entre agentes privados y operadores públicos. Así mismo, se desarrolló un modelo tarifario en el cual los usuarios pagan el costo del servicio y se señaló un sistema de subsidios. Igualmente, se separaron los roles de regulación de los de vigilancia y control. En general, el Estado modificó el grado de intervención y asumió un papel más activo en la regulación de los servicios públicos. El modelo de servicios públicos, inspirado en la Constitución de 1991 y consagrado en la Ley 142 de 1994, permitió la redefinición del esquema institucional, con nuevas reglas de juego con el fin de atraer, ampliar y modernizar la infraestructura existente mediante nueva inversión privada gracias al mayor protagonismo del mercado en la asignación de los recursos, bajo una concepción de un Estado más eficiente. Bajo este contexto, el presente artículo tiene como objetivo realizar un estudio de la Ley 142 de 1994, desde la óptica del análisis económico del derecho, con el fin de identificar los incentivos y las propuestas de carácter económico que subyacen a ella. El trabajo destaca las afinidades y vínculos entre el Análisis Económico del Derecho y la teoría microeconómica. Así mismo, estudia los postulados económicos esenciales del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios frente a los objetivos perseguidos por el legislador y los medios para su consecución. Se demuestra como el sistema legal actúa como un modelo de incentivos que guía y alienta el comportamiento de los agentes racionales a conseguir objetivos de eficiencia y maximización que caracteriza a la mencionada Ley.
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