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Afinales de los años noventa, la sensación de caos en el país era absoluta. El asesinato de cuatro candidatos presidenciales, el terrorismo y una explosión de dinero de los carteles entre los políticos generalizaron la impresión de que las instituciones estaban desbordadas y que, en consecuencia, había que hacer un cambio estructural al sistema político. En términos de percepción, toda esa tragedia dio lugar a un ‘estado de opinión’ que clamaba por cambiar las cosas. El escepticismo era grande, pues en medio de ese contexto el presidente Virgilio Barco había fracasado en 1988 en la convocatoria de una constituyente por vía extraordinaria, al recibir la negativa del Consejo de Estado a lo que se llamó Acuerdo de la Casa de Nariño. La justicia era reacia al cambio y este parecía casi imposible.
Sin embargo, tras la muerte de Luis Carlos Galán y por decisión de un grupo de estudiantes, comenzó a gestarse la idea de convocar una constituyente. En 1990 tomó cuerpo la idea de votar una séptima papeleta que superó los dos millones de votos. Aunque esa papeleta simplemente se asumió como un llamado popular, la Corte Suprema de Justicia aceptó, dos meses después, la posibilidad de que los electores refrendaran la propuesta.
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Fue ese ‘estado de opinión’ el que permitió darle vida a la Constitución de 1991, el cambio institucional más importante de los últimos tiempos. Hoy, tres décadas después, varios uribistas han insistido en que actualmente hay otro ‘estado de opinión’ que, según ellos, lleva a la necesidad de modificar la carta política. Se amparan en que la reforma a la justicia, por ejemplo, ha sido un proyecto imposible de sacar adelante en los últimos años. Y van más allá. Cuestionan instituciones hoy protegidas constitucionalmente, como la JEP, insistiendo en que en el plebiscito ganó el ‘No’. Quieren cambiar la estructura de la rama judicial –crear una Sala Corte– y echar para atrás decisiones recién tomadas, como las que eliminan la prohibición de fumar marihuana o tomar licor en espacios públicos.