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Cuando entró en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, los discursos apuntaban a la necesidad de un cambio cultural en esta materia.
Desde entonces, hace un año y medio, muchas organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado en torno a la implementación de la ley con la convicción de ese desafío mayor: promover y construir una “cultura de la transparencia”, la conciencia colectiva de que la información generada por el Estado nos pertenece a todas y todos.
Y si bien es cierto que el acceso a la información pública es un derecho en sí mismo y no necesitamos razones para ejercerlo, es tremendamente relevante tener presente que en la práctica permite ejercer otros: necesitamos información para participar, para acceder a subsidios de vivienda, o para saber cómo avanzar en la solución de una problemática específica.