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El Decreto Ejecutivo 883, promulgado y derogado recientemente por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue una medida profundamente desacertada, considerando que no se basó en un proceso de consulta pública a la población afectada por las medidas sino que fue una acción unilateral y arbitraria, tomada por el Ejecutivo como parte de las exigencias que impuso el Fondo Monetario Internacional a dicho país (al cual otorgó un crédito de 5.000 millones de dólares).
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