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El conflicto armado en Colombia, activo desde mediados del siglo XX es uno de los más largos y enquistados del planeta. Aunque la presencia de grupos guerrilleros y violencia paramilitar fueron fenómenos que se dieron en numerosos países latinoamericanos durante el siglo XX, casi todos estos conflictos terminaron hace dos o tres décadas.
Las circunstancias particulares del conflicto colombiano, donde el narcotráfico ha servido para financiar a varios actores armados, ha hecho que la guerra se haya extendido hasta la actualidad. El acuerdo de paz y desarme firmado en 2016 entre el Gobierno y la principal guerrilla activa en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), supuso un importante paso hacia la consolidación de la paz, si bien no ha resuelto de manera definitiva el conflicto.
Actualmente, varios actores armados siguen operando en distintos puntos del territorio colombiano. Entre ellos la guerrilla del ELN, la última activa de un país donde llegó a haber hasta cinco operando de manera independiente, que se encuentra en negociaciones con el actual Gobierno.
Por otro lado, una miríada de pequeños grupos criminales vinculados al narcotráfico han ocupado el espacio dejado por la desmovilización de las FARC, haciendo muy compleja cualquier solución al conflicto.
7,7 millones de desplazados internos
Durante sus seis décadas de duración, el conflicto armado interno de Colombia ha provocado un altísimo número de desplazamientos forzados. 7,7 millones de colombianos han tenido que huir de sus hogares y viven actualmente desplazados en otras partes del país.
La violencia se ha centrado especialmente en la población civil por parte de todos los actores armados del conflicto. El 81% de los muertos son civiles, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. La violencia fue particularmente acentuada en las zonas rurales y más pobres del país, habitadas mayoritariamente por población afrodescendiente, indígena o campesina.
ACNUR ha trabajado junto al Gobierno en la coordinación de acciones para facilitar la reintegración de los colombianos retornados. ACNUR también ha facilitado misiones de los gobiernos de El Salvador y Honduras para compartir la experiencia de Colombia y aprender del trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras. La agencia ofreció asistencia técnica a la Unidad de Víctimas, particularmente en lo referente al regreso y reubicación de comunidades étnicas desplazadas.
Seguridad, salud y educación para los desplazados de Soacha
La actuación de ACNUR también se ha desarrollado en zonas de asentamiento de población desplazada, como la barriada de Soacha, en las afueras de Bogotá. La escuela de Eduardo Santos Altos de la Florida, construida por ACNUR, hace la doble función de centro educativo y refugio para los niños desplazados. Dar un lugar seguro a los niños es importante en estas poblaciones donde la violencia persiste, mimetizando los conflictos del lugar de origen de las comunidades.
“La intervención de ACNUR nos ha permitido tener seguridad, salud, educación, infraestructura. Nos ha hecho facilitar los procesos en el sector; es como el mecanismo de presión para que la institucionalidad esté más pendiente de nosotros”, señaló Alexander Torres, Presidente de la Junta de Acción Comunal del III Sector de Soacha y uno de los principales líderes de la comunidad.