Respuestas
Respuesta:
El contexto descrito en términos del significado de la guerra en la región y de la forma como tal fenómeno se articula como instrumento al servicio de una política de desarrollo, obliga a pensar sobre la irrupción de un nuevo escenario con implicaciones en lo político, en lo económico y lo social, en el que claramente el proyecto político y cultural de los pobladores de la región se experimenta constreñido por la dinámica global en la que el Estado, al servicio del capital transnacional, se orienta a garantizar condiciones para que los grandes proyectos realicen su labor depredatoria sin obstáculos jurídicos.
Este nuevo escenario se caracteriza por:
La política de flexibilizar el ordenamiento jurídico nacional en función de dar garantías a la inversión extranjera. Estos cambios en el ordenamiento jurídico nacional son un imperativo en la suscripción de los tratados de libre comercio y se orientan a remover la legislación nacional que, en lo ambiental o en lo cultural, se convierten en obstáculo para la inversión en campos estratégicos como el minero, el energético, en el acceso a recursos de la biodiversidad o del agua.
La consulta previa, como derecho inscrito en el bloque de constitucionalidad, se convierte en objeto que se ignora o se manipula, de tal modo que tal instrumento se convierte en forma fácil de acceder a los recursos disponibles en los territorios de pueblos indígenas o territorios colectivos. El desconocimiento de la consulta es recurso que se agencia como política estatal y ello es visible en el trámite de la Ley forestal y en la Ley de Desarrollo Rural, pero igualmente es susceptible de ver en la forma como se realiza el acuerdo con las comunidades para la actividad e sísmica en el bloque petrolero Chocó durante el año 2007 e igual es evidente, en la manera como se imposta un liderazgo indígena para legitimar la exploración minera en los resguardos de Murindó y Carmen del Darién.
La solución armada es política instrumentada por los agentes gubernamentales o por actores ilegales para acceder al control territorial y en consecuencia dar garantías para el establecimiento de proyectos inscritos en una política de desarrollo o dar solución a expectativas económicas de actores armados. El efecto de tal política se expresa en el desplazamiento forzado de la población o en el control social de ésta.
Se agencian programas o proyectos en los que se moviliza a la población entorno a una expectativa de desarrollo o de simple generación de empleo y por medio de esas iniciativas se accede a garantizar procesos extractivos. Ejemplo de ello son los proyectos forestales que se convierten en fórmula, que revestida de legalidad, al final derivan en reproducir el modelo extractivo y degradante de los ecosistemas.
El aprovechamiento forestal que se ha intensificado y ampliado hacia las zonas de colinas bajas, con consecuencias en la degradación de los ecosistemas y la capacidad de reproducción de las comunidades, se constituye en paso previo para la potrerización de amplias zonas, factor atractivo para la colonización y expulsión de la población.
La fragmentación del movimiento social, la cooptación de parte del liderazgo comunitario, así como los limitantes para fortalecer los gobiernos locales se convierten en factores que atentan contra el ejercicio de la autonomía y de poder experimentar un proyecto propio en esos territorios.
La sistemática violación de los derechos humanos, en sus diferentes manifestaciones, se convierte en política que favorece el proyecto de destierro y con ello la apropiación del territorio por nuevos actores sociales.
Explicación:
La sistemática violación de los derechos humanos, en sus diferentes manifestaciones, se convierte en política que favorece el proyecto de destierro y con ello la apropiación del territorio por nuevos actores sociales.