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“En el estudio que hemos desarrollado sobre derecho al trabajo y posconflicto hemos enfatizado en la demanda en la mesa de negociación de la extensión de la cobertura laboral al sector agrario que ha sido tradicionalmente relegado”, indicó.
Jaramillo aseguró que dentro de los puntos que se están negociando en La Habana está el de otorgar seguridad social a los trabajadores agrarios, quienes han sido los más afectados por el conflicto armado, y ofrecerles una garantía de ingreso mínimo ya que la regulación laboral está enfocada al trabajo urbano.
Además, dijo que otro de los retos es garantizar oportunidades laborales a los desmovilizados de las Farc, a través de su vinculación a la vida civil y al sector privado, pues se debe compensar económicamente los ingresos que reciben por actividades ilícitas.
“Más o menos 7.000 combatientes de las Farc deberán reingresar a la fuerza de trabajo en el país y 20.000 no combatientes a los que se les debe ofrecer una alternativa de empleabilidad para que tengan un ingreso básico que sustituya el que vienen obteniendo de la actividad ilícita”, afirmó.
Finalmente, informó que el sector privado se ha vinculado al proceso de paz y ha ofrecido algunas alternativas para vincular reinsertados a través de mecanismos de responsabilidad social, pues “el papel del derecho del trabajo está después de la firma”.