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El 13 de abril de 1828 la Sociedad de Artesanos y Comerciantes de Guadalajara (SACG), asentada en la ciudad del mismo nombre en el corazón del centro occidente de México, envió una misiva al Gobierno del estado de Jalisco con la finalidad de solicitarle su intervención para regular el comercio exterior en la entidad. Sus argumentos se basaron en tres ideas rectoras que expusieron a lo largo del documento. En primer término, estaban decididos a impulsar el comercio, darle vida a la agricultura, vigorizar las actividades artísticas y contribuir a la construcción de lo que ellos llamaron, la industria nacional. Asimismo, le otorgaron un alto valor al trabajo, ya sea mediante el cultivo de tierras o el adelanto de los sistemas artesano-manufactureros de su época; con base en ello, pensaron que no sólo podían cubrir sus necesidades y lograr la subsistencia, sino también tener vidas felices asegurando una mediana fortuna para sus familias y, de paso, ser útiles a la patria. Subrayaron que no eran una muchedumbre de miserables o un grupo de descontentos del actuar gubernamental, incluso manifestaron que se encontraban satisfechos con éste. La segunda idea del comunicado consistió en señalar la lamentable situación en la que se encontraba la mayoría de los artesanos y comerciantes residentes en el valle de Atemajac; según su perspectiva, esto obedecía a las prácticas del libre comercio extranjero. Aunque la SACG reconoció que no tenía la capacidad de demostrar con todo detalle las desventajas inherentes a este tipo de transacciones, los efectos destructivos para ellos eran palpables, dado que se minaba la actividad productiva de las clases trabajadoras, mediante la pérdida del empleo y la carencia de recursos, lo anterior no sólo repercutía de manera negativa en ellos, sino también, en un número indeterminado de familias. Aludieron que la indigencia y la desesperación no sólo se presentaba en Guadalajara, otros centros manufactureros del país también pasaban por una situación similar, citaron los casos de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y San Miguel el Grande. La calidad de las manufacturas nacionales no era el problema central, según la SACG, sino más bien, lo barato de las extranjeras. Hacían un llamado al patriotismo y a evitar que el comercio libre extranjero se siguiera propagando. Por lo tanto, una tercera idea radicó en la elaboración de propuestas concretas para revertir la situación que atravesaban; destacaron que veían con buenos ojos la introducción de bienes extranjeros que no se producían en el centro occidente de México, pero, si estos se elaboraban localmente sugerían prohibir su entrada, o en su defecto, incrementar las penas para aquéllos que los introdujesen de manera clandestina; asimismo, plantearon aplicar un derecho impositivo cuyo rango oscilaría entre 500 y 1 500 por ciento; además propusieron que no existiera ningún tipo de exclusividad por más de tres años para los descubrimientos recientes y, una vez vencido el plazo, sus conocimientos se hicieran extensivos al público.1
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