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Cuentan testigos de la época que al general Juan Velasco Alvarado lo vieron llorar la tarde del 9 de octubre de 1968, horas después que tropas del Ejército ocuparan las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC), en Talara, la empresa que explotó el petróleo evadiendo el pago de impuestos y pagando porcentajes de regalías francamente ridículos a lo largo de más de 50 años.
Velasco Alvarado, jefe de la Junta Revolucionaria que desalojó del poder al presidente Fernando Belaunde Terry, guardaba una abierta animadversión a la IPC, pues cuando fue capitán de infantería, durante la guerra con Ecuador, la empresa le negó el uso de los vehículos de la refinería para trasladar las tropas al frente de batalla. Como buen piurano conocía de sus tejes y manejes.
No eran pocos los que cuestionaban el manejo de la petrolera norteamericana.; de hecho, lo hacía el diario El Comercio, bajo el mando de don Luis Miró Quesada de la Guerra, el de la célebre frase: “El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.
Para Velasco y para millones de peruanos era una cuestión de dignidad deshacerse de la IPC que obtenía inmensas utilidades, mucho mayores a las que obtenía en Canadá, EE. UU. y Europa. La empresa era filial de la Standard Oil de New Jersey, y se instaló en el Perú en 1914 para explotar el yacimiento de La Brea y Pariñas.
EL LAUDO DE PARÍS
Su historia negra comenzó en la década del 20 cuando evadió impuestos y se negó a incrementar el pago de ridículas regalías. Era tal la estafa que el gobierno de Leguía, un régimen pronorteamericano, se vio obligado a llevar el asunto a un Tribunal Arbitral Internacional que se reunió en París, Francia, en 1922. Lamentablemente, el tribunal estableció condiciones ominosas, como no elevar el porcentaje de impuestos y regalías por espacio de 20 años, además de un pago simbólico por la explotación del recurso. Así, el fisco dejó de percibir cuantiosas cantidades de dinero.
Durante decenas de años muchos dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles pugnaron por traerse abajo el Laudo, pero se impuso la voz de los defensores de la IPC. En 1942, durante el gobierno de Manuel Prado se prolongaron los beneficios. En 1947, el intento de entregarle los yacimientos de Sechura a la IPC fue paralizada por una campaña encabezada por Francisco Graña Garland, director de La Prensa. La campaña triunfó, pero Graña fue asesinado por un militante aprista el 7 de enero de 1947 frente al local del laboratorio Sanitas.
FBT
Al asumir el mando en 1963, Fernando Belaunde Terry prometió a la nación llevar adelante dos reformas sustanciales: nacionalizar los yacimientos de la Brea y Pariñas y ejecutar la reforma agraria; pero la alianza conservadora APRA-UNO, así como el sector oligárquico de su partido, lograron paralizar sus propuestas. En un último intento por salvar la cara, en julio de 1968, anunció que se iban a realizar tratos con la IPC. El 13 de agosto se firma el Acta de Talara por el que se establece que todos los campos petroleros pasaban a poder de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) a cuenta de los adeudos, aunque la petrolera conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución del combustible y sus derechos de condominio en Concesiones Lima.