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Es necesario un enfoque de derechos humanos en las empresas extractivas e implementar un marco jurídico más estricto en la materia. Estas fueron algunas de las principales conclusiones a las que llegaron los ponentes del conversatorio "Derechos Humanos e Industrias Extractivas: reflexiones sobre los conflictos sociales recientes", organizado por Amnistía Internacional y que se llevó a cabo el viernes 19 de junio en la PUCP.
Más allá de la violencia y la represión en las protestas contra proyectos extractivos, como el reciente caso de Tía María o el lamentable Baguazo, hay más derechos que entran en conflicto cuando se otorgan concesiones mineras. La abogada Raquel Yrigoyen (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad) nos recuerda que la conflictividad no es un fenómeno nuevo. Contrario a lo que dicen los defensores de la minería, no se trata de una conspiración de un grupo de personas u organizaciones contra las grandes inversiones: es consecuencia de la manera en la que se pretende imponer el modelo de desarrollo neoliberal en un país diverso como el nuestro.
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