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La puesta en marcha del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado entre la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano que tuvo una duración de más de cincuenta años ha enfrentado múltiples obstáculos. El primero el revés tras la derrota del SI en plebiscito convocado y llevado a cabo el 2 de octubre del año 2016 que dejó debilitado el proceso y dio nuevos aires a quienes se han opuesto a las negociaciones y a parte de lo pactado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla y que se tradujo en un Acuerdo Final alrededor de cinco puntos: reforma agraria integral, reformas políticas, sustitución de cultivos ilícitos y tratamiento de salud pública y disminución del daño al consumo de sustancias psicoactivas, víctimas y reincorporación de cerca de 12 mil guerrilleros a la vida civil.
Todas las evaluaciones acerca de los avances y cumplimiento de los acuerdos estiman que apenas se ha cumplido un 20% de lo acordado, un bajo nivel de cumplimiento. De atrasos e incumplimientos los más graves están relacionados con las alternativas productivas y de ingresos que den estabilidad y permitan las condiciones para la reincorporación de los excombatientes a la sociedad. Precisamente uno de los problemas actuales que fue puesto en evidencia por los embajadores de tres países europeos que señalaron el atraso en la puesta en marcha de las alternativas productivas como también presuntos malos manejos y corrupción en los organismos estatales y en el manejo de los programas que tienen ese objetivo. Inicialmente el Gobierno de Juan Manuel Santos negó esos señalamientos, pero, con el correr de los días y ante la abundante evidencia, el propio presidente de la República tuvo que reconocer que no solo hay atrasos sino que el manejo de los recursos tanto del presupuesto nacional como de los donantes internacionales estaba plagado de clientelismo, falta de transparencia en las adjudicaciones.
El mayor problema como se ha señalado está relacionado con la puesta en marcha de los proyectos productivos y la generación de alternativas económicas para los excombatientes. El Gobierno públicamente asumió frente a la comunidad internacional el compromiso de un manejo ágil y transparente tanto de los fondos provenientes de las donaciones internacionales como de recursos públicos destinados al financiamiento de la puesta en marcha de los acuerdos. Como medidas inmediatas para cumplir con este propósito el Gobierno despidió a la responsable en la presidencia de la República del manejo de cuatro fondos en los que se habrían presentado los mayores problemas. Así mismo el Gobierno adquirió el compromiso de imprimirle celeridad a la aprobación de los proyectos presentados por los excombatientes al tiempo que el proceso de aprobación sea transparente y público. Corresponde ahora una responsabilidad tanto del Gobierno como de las propias FARC a este nuevo compromiso así como la labor fundamental de veeduría ciudadana que deberá hacerse a los fondos destinados al financiamiento del proceso de Paz.
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