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El desvío de fondos propio de prácticas corruptas limita el desarrollo pleno de la democracia porque debilita o socava la institucionalidad de un país y la credibilidad de sus ciudadanos en el poder público nacional. Los fondos sustraídos de manera fraudulenta, ilegítima son necesarios para el desarrollo de políticas sociales de alto impacto en el sector sanitario, educativo, económico, entre otros.
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