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Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. No obstante, la última de estas metas implica la participación del Estado, lo cual se traduce en un reto fiscal enorme, puesto que para lograr tal objetivo se pretenden implementar políticas públicas que no parecen financieramente viables con simples ahorros gubernamentales. Debido a esto eventualmente será necesario incrementar sustancialmente la recaudación fiscal para poder implementar las políticas de manera responsable. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Es posible afirmar lo anterior debido a que la mayoría de los cambios fiscales de relevancia en México han sido medidas emergentes y, supuestamente transitorias, que en su momento permitieron superar graves problemas de endeudamiento. Estos problemas surgieron al incrementar el gasto del gobierno sin asumir inmediatamente los costos que conllevaban a través de un incremento proporcional en la recaudación. Debido a esto, el precio que se ha pagado para superar las crisis económicas no sólo ha sido dinero, sino que el verdadero costo para los mexicanos ha sido el de una centralización excesiva de los recursos y de las bases fiscales. Además, esta centralización afecta severamente el alcance democrático de los gobiernos locales, los cuales en la actualidad enfrentan una realidad presupuestal e institucional todavía más compleja que la del gobierno federal.