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la apertura democrática beneficia a toda la población ya que ello determina la imposición del estado de derecho y del imperio de la ley.
Esto implica que todos los habitantes del Estado se encuentran amparados por el sistema jurídico en igualdad de condiciones, que el Estado garantiza el cumplimiento de la Ley y que el poder político y la soberanía no se constituyen en patrimonio personal de nadie, siendo el pueblo el titular de los mismos y el gobierno, mediante la adecuada división del poder, quien las ejerce de manera delegada.
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a los ciudadanos y al estado
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