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El derecho a la seguridad social, en un concepto propio, es el derecho establecido por ley de contar con servicios médicos, así como de jubilación y de atención a personas con alguna discapacidad.
Por otro lado, el derecho a la protección, que incluye principalmente a mujeres, niños y ancianos, vela porque los sectores vulnerables de la población no sean violentados de ninguna forma, esclavizados ni explotados.
En general, las leyes internacionales protegen y velan por estos dos derechos, así como las constituciones políticas de la mayoría de los países.
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