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Inicialmente, el ámbito de aplicación de los salarios mínimos abarcaba un número relativamente escaso de categorías de trabajadores, y su objeto era proteger a las personas que se consideraban especialmente vulnerables. Nueva Zelandia fue el primer país que instauró un salario mínimo, ya en 1894; siguieron sus pasos el estado australiano de Victoria, en 1896, y el Reino Unido, en 1909. Con frecuencia, el establecimiento de un salario mínimo se consideraba como una medida temporal, destinada a ser suprimida una vez que se hubiera puesto en práctica el mecanismo de la negociación salarial entre los interlocutores sociales. En algunos casos, las primeras formas de salario mínimo se orientaban a dar protección a los trabajadores a domicilio o a las mujeres
Origen de los sistemas de salarios mínimos en los Estados Unidos
En los primeros años del siglo XX, la gravedad de la explotación de las personas empleadas en los llamados “sweatshops” (talleres de miseria) en los Estados Unidos había suscitado una inquietud generalizada, en particular sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños. La idea de establecer un salario mínimo fue apoyada tanto por la Asociación Estadounidense para la Legislación Laboral como por la Liga Nacional de Consumidores, asociación femenina cuya junta directiva respaldó la idea de instaurar un salario mínimo legal para las mujeres en 1909. Los primeros salarios mínimos se introdujeron a nivel de los estados federales y en la mayoría de los casos sólo se aplicaron a las mujeres y los niños. Los salarios mínimos estatales fueron impugnados numerosas veces en los tribunales, hasta que en 1923 el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la imposición de salarios mínimos era inconstitucional. En 1938, a raíz de una iniciativa del Presidente Roosevelt, el Congreso de Estados Unidos adoptó la Ley de Normas Razonables de Trabajo, que instituyó un salario mínimo federal. La constitucionalidad de dicha ley fue impugnada casi de inmediato en los tribunales, pero su conformidad constitucional fue finalmente convalidada por el Tribunal Supremo en 1941.