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Por la presente se notifica al gobierno de Nicaragua, al cual usted ha representado hasta el momento, al igual que se notificará a los líderes de la revolución, que el Gobierno de los Estados Unidos hará estrictamente responsables de la protección de las vidas y propiedades estadounidenses a las facciones que de facto controlan las porciones oriental y occidental de la República de Nicaragua. En cuanto a la reparación que se considera exigible, tras un cuidadoso análisis, de los asesinatos de los señores Groce y Cannon, el Gobierno de los Estados Unidos no estaría dispuesto a imponer una carga excesiva al pueblo inocente de Nicaragua para expiar los actos de un régimen que les fue impuesto por la fuerza, ni a exigir una tal carga a un gobierno posterior si su política es muy distinta. En la cuestión de una reparación final deberá tenerse en cuenta la existencia en Managua de un gobierno capaz de responder a las demandas. También debe tenerse en cuenta hasta qué punto es posible encontrar a los verdaderos responsables y los que perpetraron las torturas que se ha informado precedieron a la ejecución, si es que fueran verificadas, así como si un futuro gobierno estará totalmente disociado de las intolerables condiciones actuales y si se podrá confiar en que hará imposible que tales actos se repitan, en cuyo caso el Presidente, como amigo de su país, como lo es de las demás repúblicas centroamericanas, estaría dispuesto a reducir la indemnización a la que razonablemente corresponde a los parientes de los fallecidos y que suponga un castigo sólo en la medida en que recaiga sobre los auténticos responsables.
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