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Durante el siglo XVII, se produce una disminución del comercio legal, sujeto a impuestos, que entra en la Península a través de la Casa de la Contratación. Las principales causas son la falta de regularidad en la Carrera de las Indias, la disminución de las remesas de metales preciosos por la bajada de la producción de las minas de Potosí, el descenso de la demografía y, por tanto, del tributo, y la abultada e ineficaz administración virreinal que consume gran parte de lo recaudado entre sus pobladores. Esta situación evidencia la autonomía económica y política de los territorios americanos.
El comercio con las Indias se inicia bajo la gestión centralista y monopolizadora de la Casa de la Contratación en Sevilla. Hasta la entrada en funcionamiento del Reglamento de Libre Comercio de 1778, los criollos disfrutarán de un cierto monopolio a través de los consulados de Cargadores a Indias.
El Reglamento no fijaba el comercio libre, sino que buscaba el fomento del comercio entre los súbditos del rey, favorecer los productos españoles, tanto peninsulares como indianos que no compitieran con los primeros, gravar a las mercancías extranjeras, y atacar el contrabando, principalmente del Reino Unido.
Este reglamento se complementa con una serie de medidas que se van implementando a lo largo de los años: bajada de las tarifas y reunificación de impuestos, fin del monopolio de Cádiz y Sevilla, apertura de diversos puertos españoles y americanos al comercio, así como ampliación del permiso para la libre trata de esclavos en 1789. Los beneficios para la Corona aumentan, pero no así para los territorios ultramarinos.