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Entre el 9 y el 24 de noviembre las autoridades económicas, bancarias y financieras del país adoptaron una serie de medidas relacionadas con el sistema financiero y bancario. Las medidas -expedidas a través de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera- establecen algunos cambios importantes, especialmente: I) en el fondo de liquidez (FL) que es alimentado por la banca privada; II) el destino de una parte de esos recursos; III) las modificaciones del coeficiente de liquidez, y IV) el reajuste de costos de varios servicios que ofrece actualmente el sistema bancario a sus clientes, etc. La resolución 298 de la Junta de Política Monetaria, fechada el 9 de noviembre, establece una serie de “normas generales para el otorgamiento de préstamos entre fideicomisos del fondo de liquidez”. Entre esas normas se destaca una: podrá prestarse hasta el 20% del fondo de liquidez a otras entidades financieras o crediticias (cooperativas), a plazos no mayores de 180 días. El costo de esos créditos lo fijará la tasa de interés activa referencial que establece el Banco Central. A fines de septiembre pasado, el FL bordeó los $ 2.360 millones, por lo tanto, los recursos que se liberan para colocarlos a través de nuevos créditos a otras entidades financieras, bordean los $ 471 millones. Esos recursos generarán mayor liquidez al sistema en su conjunto. Posteriormente, mediante Resolución 303, del pasado 24 de noviembre, el órgano rector de la política monetaria modificó también los parámetros para calcular el denominado coeficiente de liquidez doméstica (interna). En esencia, esa reforma dejó por fuera al fondo de liquidez, administrado actualmente por la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede). Esos recursos están depositados en el exterior. Y con la reforma ya no forman parte de la liquidez doméstica, sino de la externa. En términos prácticos, esto quiere decir que los bancos deberán repatriar al Ecuador un monto aproximado de $ 350 millones para poder cumplir con la nueva disposición de encaje, determinado por las autoridades económicas del Ecuador.